El sector de ambulancias amenaza con una huelga si se lo obliga a cursar FP
CCOO ha iniciado las consultas para acciones de protesta contra una orden que regula la acreditación profesional de los trabajadores de ambulancias. Los 1.800 empleados no cuentan con formación específica porque hasta hace dos años no existía la titulación. Ahora les dicen que tienen que cursar parte de FP.
L.C., S/C de Tenerife
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) anunció ayer que ha iniciado una ronda de asambleas entre los trabajadores de las ambulancias para valorar la posibilidad de ir a la huelga. El motivo es la publicación de una orden el 15 de febrero en la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
Los cerca de 1.800 profesionales del sector de ambulancias en Canarias no cuentan con una titulación académica debido a que hasta hace dos años no existía ésta como tal en la Formación Profesional. De hecho, en la actualidad sólo hay dos centros que imparten esta formación (uno en Primero de Mayo en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Los Gladiolos en Santa Cruz de Tenerife), detalló Carlos Ojeda, responsable de Ambulancias de CCOO en Canarias.
Ojeda explicó que esta orden viene a decir que cada uno de los 1.800 profesionales del sector será evaluado de manera individual "por el Instituto Canario de Cualificaciones Profesionales con criterios de la FP". "Se abrirá un proceso de información y evaluación de dos competencias: transporte sanitario y atención sanitaria", explicó. Si la evaluación considera que al trabajador le falta parte de alguna de esas competencias, éste debe adquirirlas "por la vía FP".
"No entendemos cómo pretenden que un trabajador, con turnos de 12 o 24 horas que tiene que conciliar con la vida familiar, después se le quiera mandar a clase", dijo.
Además, se da la circunstancia de que esta orden viene a desarrollar el Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio sobre la evaluación de las competencias profesionales de los trabajadores. Sin embargo, Ojeda no se explica por qué Canarias se ha apresurado a sacar una orden al respecto antes de que, a nivel nacional, se desarrolle "el certificado de profesionalidad", que es el instrumento mediante el que se reconocerá la preparación en su trabajo a los profesionales que no dispongan de enseñanza reglada al respecto, como es el caso de los trabajadores de ambulancias.
"Creemos que esto es un proyecto excluyente, que no da garantías a los trabajadores y que no concilia con los que llevan muchos años en el sector", añadió el responsable de Ambulancias de CCOO Canarias.
Además, Ojeda subrayó que sólo hay 100 plazas de FP, por lo que es imposible que se puedan formar el total de los trabajadores del sector.
No hay urgencia
Pedro Moreno, secretario general de la Federación de Comunicación y Transporte de CCOO de Canarias, aseguró que "no hay necesidad para esta urgencia", en referencia a la falta de normativa en este sentido a nivel estatal o en el resto de comunidades autónomas.
Además, comentó que a mediados de marzo comenzarán las reuniones para la elaboración de un Convenio Colectivo para el sector, por lo que esta orden no llega precisamente en buen momento.
CCOO anunció que va a presentar "un recurso contra la orden". Asimismo, explicaron que el grupo socialista se comprometió a presentar una Proposición No de Ley con carácter de urgencia para que el Gobierno de Canarias retire esta orden.
Desde CCOO se matizó que llevan años reivindicando formación para los trabajadores, pero se mostraron en desacuerdo de que ésta tenga el carácter excluyente que se le da en esta orden.
Entre las hipótesis que despiertan la suspicacia del sindicato está la sospecha de que la Administración quiera dotar de esta forma a los empresarios de un arma para llevar a cabo "despidos objetivos". "Creemos que podría ser una purga entre los trabajadores que han sido más reivindicativos en el sector", apunta Ojeda. Si se demostrara que estos empleados no tienen ni pueden alcanzar los conocimientos requeridos, se les podría poner en la calle y no se podría reclamar la improcedencia del despido.
